Rol del Estado en el sector sanitario chileno

Reconociendo que el sector sanitario se caracteriza por presentar características de monopolio natural, además de otras fallas de mercado que imposibilitan la competencia, su libre operación haría incurrir en pérdidas de bienestar social que se reflejarían en precios superiores a los de competencia, nivel de producción inferior al óptimo y deterioro de la calidad de servicio, lo cual justifica la intervención del Estado.

En la práctica es posible identificar dos etapas en el rol asumido por el Estado en el sector sanitario:

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Estado empresario

Intervención directa del Estado (1977-1988): Los servicios de agua potable y alcantarillado se concentran bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), proceso orientado a generar coordinación y autonomía financiera y administrativa del sector.

En este contexto, el Estado desarrolla funciones productivas junto a funciones de control y fiscalización, el sector privado mantiene un rol muy secundario.

Bajo este esquema se sientan las bases que caracterizarán la segunda etapa del rol asumido por el Estado. En efecto, este período está caracterizado por:

  • Generar la suficiencia financiera y la incorporación de herramientas de gestión y administración modernas a los servicios.
  • Reducción de gastos y racionalización de las inversiones
  • Financiamiento de inversiones mediante créditos de organismos internacionales (BID) bajo exigencias de medidas institucionales, administativas y financieras que el sector debe cumplir.
  • Transformación de las políticas tarifarias tendiente a generar paulatinamente el autofinanciamiento operativo y de inversiones del sector, y eliminar en forma gradual los subsidios cruzados entre consumidores y regiones.
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Estado regulador

A fines de la década de los ochenta, se comienza a aplicar un nuevo modelo institucional para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, cuya reforma responde a los cambios estructurales que había experimentado la economía chilena, tendientes a entregar un rol mas importante a la iniciativa privada y al mercado como mecanismo de asignación de recursos, reformas que ya se habían aplicado en los sectores de electricidad y telecomunicaciones.

La nueva institucionalidad del sector, producto de estas transformaciones, se tradujo en:

  • Separación de las funciones normativas y fiscalizadoras que debe ejercer el estado, de las de producción y comercialización de los servicios.
  • Transformación de un régimen de prestación directa por un sistema de empresas independientes, mayoritariamente públicas.
  • Cambio de la estructura jurídica de las empresas del estado, asimilándolas a las del sector privado.
  • Dictación de un marco legal que permite regular a los prestadores, públicos o privados, en los siguientes aspectos:
    • Régimen de explotación de servicios públicos.
    • Régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios sanitarios
    • Fiscalización de cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios
    • Relaciones entre concesionarias y de estas con el Estado y los usuarios.
    • Régimen tarifario
    • Régimen de subsidio directo a los usuarios de menores recursos.
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