Otorgamos concesiones en nombre de los usuarios, seleccionando entre los interesados, a las empresas de mayor confiabilidad, solvencia financiera y capacidad técnica y de gestión.

Fijamos y revisamos periódicamente las tarifas, de forma tal de asegurar el menor precio, compatible tanto con los objetivos de cobertura y calidad en el servicio que recibe la población atendida, como la viabilidad financiera del prestador.

Supervisamos en forma periódica los sistemas de control e información que las empresas disponen y evaluamos su capacidad para corregir con prontitud cualquier anomalía, sin necesidad de esperar nuestra intervención.

Verificamos que los establecimientos industriales dispongan de sistemas de información y control destinados a controlar el cumplimiento de sus promesas de no contaminar las aguas más de lo que la sociedad les permite.

Atendemos oportunamente las denuncias de los usuarios, así como cualquier otra señal de que las empresas y/o establecimientos industriales no estén cumpliendo cabalmente sus compromisos y responsabilidades.

En el caso que las empresas y/o establecimientos industriales no cumplan con sus responsabilidades, aplicamos con agilidad y prontitud, las sanciones establecidas.

Informamos periódicamente a la comunidad, de la confiabilidad de las empresas prestadoras, de la evolución del sector y de lo que pueden esperar a futuro.

Proponemos perfeccionamientos a las normas y estándares que rigen el sector.