SISS valora aprobación de proyecto de Ley sobre Servicios Sanitarios Rurales

Bajo esta nueva institucionalidad, a la SISS le corresponderá centrarse en dos funciones primordiales para el buen funcionamiento de estos servicios el cual está dado, por una parte, con la labor fiscalizadora de la calidad y continuidad de la prestación, protegiéndose los intereses de los ciudadanos usuarios de estos servicios; y por otra, la fijación de las tarifas a cobrar a estos últimos, con el claro propósito que éstas respondan a criterios de justicia y transparencia.

Santiago, 06 de enero de 2016: El Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna Villena valoró la aprobación del Proyecto de Ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, tras la aprobación unánime en la Cámara de Diputados quedando en condiciones de ser remitido al Ejecutivo, iniciativa legal que favorecerá a un millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen por este tipo de sistemas de agua potable rural en el país, al crearse una nueva institucionalidad que fortalecerá las organizaciones comunitarias que administran los APR e incorporar el saneamiento de las aguas para éstos. Este proyecto había sido ingresado al Congreso en el año 2008 durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

El titular de la SISS destacó que los profesionales del organismo participaron activamente en el proyecto de ley, cuyo ámbito de aplicación es regular las prestaciones de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas prestados en áreas rurales por parte de cooperativas y comités conformados para tales fines, destacándose el espíritu comunitario que realza esta actividad por muchos años.

El proyecto viene a regular aspectos técnicos, normativos, tarifarios, de gestión y patrimoniales de los sistemas de agua potable rural, así como, se regula la función del Estado en estos servicios, definiéndose los roles que les corresponderá a cada uno de los organismos que intervienen

El Superintendente de Servicios Sanitarios señaló que para el Gobierno esta iniciativa consolida un nuevo modelo en la forma que tratamos y regulamos el agua potable rural, con una nueva institucionalidad, que permita el desarrollo de los servicios de saneamiento rural en forma sostenible en el tiempo. "Es relevante que esta iniciativa esté acompañada de los recursos institucionales que requerirán tanto la DOH como la SISS para su correcta implementación", indicó.

"Se trata de una legislación que le va a dar institucionalidad a un sistema en que más que 1.700.000 personas son abastecidas de agua a través de pequeñas cooperativas y comités, pero en donde, sin embargo, no estaban establecidos los derechos, los deberes y cómo apoyaba finalmente el Estado más allá de la apertura de los sistemas", destacó la autoridad.

Advirtió que "el gobierno está consciente de la escasez de este recurso y es por ello que todos los organismos con competencia en el recurso hídrico nos encontramos realizando actividades y suscribiendo compromisos para asegurar que el agua llegue a todos, es decir, agua para todas las personas que vivimos de norte a sur del país, y también avanzando en iniciativas legales como este proyecto de ley de agua potable rural, tendiente a contribuir a que Chile sea un país más justo y moderno", dijo.

Explicó que el proyecto establece que los territorios operacionales de los servicios sanitarios rurales no estarán expuestos a la competencia de las empresas sanitarias y otorga licencias indefinidas para los sistemas existentes que hayan contado con inversión del Estado, para lo cual deberán inscribirse en un registro que llevará el Ministerio de Obras Públicas.

En cuanto al rol que le corresponderá a la SISS, el Superintendente Bruna precisó que estará centrado básicamente en dos funciones primordiales para el buen funcionamiento de estos servicios, ahora bajo esta nueva institucionalidad, el cual está dado, por una parte, con la labor fiscalizadora de la calidad y continuidad de la prestación, protegiéndose los intereses de los ciudadanos usuarios de estos servicios; y por otra, la fijación de las tarifas a cobrar a estos últimos, con el claro propósito que éstas respondan a criterios de justicia y transparencia.

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