Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recurso de ilegalidad interpuesto por Aguas Araucanía en contra de la SISS

El dictamen sanciona que la compañía no tiene derecho a exigir Aportes de Financiamientos Reembolsables (AFR) por lo que deberá financiar la infraestructura existente para dar servicio de agua potable a la empresa Constructora Pocuro para el proyecto "Conjunto Habitacional Pulmahue XIV, etapa 2" de la comuna de Padre Las Casas en la Región de La Araucanía.

Santiago, 09 de noviembre de 2016: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa Aguas Araucanía S.A. en contra del Oficio SISS N° 2303 del 2016, instruido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), a través del cual el organismo instruyó a la concesionaria que no puede exigir el cobro de Aportes de Financiamiento Reembolsables (AFR), que afectaba al Conjunto Habitacional Pulmahue XIV, etapa 2, de la comuna de Padre Las Casas en Temuco.

La situación originó cuando la Constructora Pocuro, a cargo de la construcción de estas viviendas, se acercó hasta las Oficina de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en La Araucanía, para solicitar orientación por el cobro de AFR que les estaba realizando Aguas Araucanía S.A., quienes sustentaron entre sus argumentos que el proyecto inmobiliario es de índole privado, "por lo que su financiamiento no obedece ni en todo o parte con los subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que las unidades que lo conforman exceden del valor de 750 UF". Agrega, que el oficio de la SISS "priva a la concesionaria del derecho a exigir los aportes de financiamiento reembolsables, debiendo financiar la infraestructura existente para dar servicio de agua potable a la empresa constructora".

En sus argumentos, la empresa constructora consideraba que no correspondía el pago de AFR dado que las viviendas contaban con los requisitos para ser consideradas viviendas sociales, razón por la que no correspondía el cobro por AFR por parte de la empresa concesionaria. Ante esta situación la SISS instruyó a la empresa la anulación de dichos cargos, razón por la que Aguas Araucanía consideró ilegal esta instrucción y reclamó ante los tribunales.

El pronunciamiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones ratificó la instrucción adoptada por el organismo fiscalizador en esta materia, dado que se ajustó a los presupuestos que establece de la Ley N° 20.307, por cumplir los requisitos del art. 33 del D.F.L. MOP N° 382/88.

El sentenciador fundó su decisión argumentando que "el carácter de vivienda social lo otorga la Dirección de Obras municipales a través del órgano técnico, especialista en la materia, no pudiendo dicha calificación ser alterada por ningún otro organismo menos por la Superintendencia reclamada".

Hizo presente que el valor de 750 UF referidos es un valor que se informa de manera previa a la venta de las viviendas sociales, y agregó "no resultando necesario, que el valor tasado previamente corresponda exactamente a las 750 UF, que puede verse superado al momento de la venta de las viviendas".

Por último, y por lo expuesto en los alegatos presentados, quedó de manifiesto que Aguas Araucanía no logró demostrar la existencia de alguna ilegalidad procesal o de fondo en el procedimiento que llevó adelante la SISS, "por lo que el Superintendente recurrido se manejó y decidió dentro del campo de sus facultades y del ámbito de la ley".

Los Aportes de Financiamiento Reembolsables (AFR) son cantidades determinadas de dinero u obras que los prestadores de servicios públicos sanitarios pueden exigir a quienes soliciten ser incorporados como clientes, o bien, soliciten una ampliación del servicio, y que tienen por objeto solventar infraestructura que legalmente es cargo del prestador.

Desde un punto de vista financiero, estos aportes constituyen una alternativa distinta a las tradicionales de financiamiento que tiene la empresa sanitaria para la construcción de las obras que, dentro del área de concesión, requiere para el adecuado y obligatorio mandato de prestar los servicios públicos de agua potable y de alcantarillado en forma eficiente, garantizando la continuidad y calidad de los mismos. El prestador está obligado a devolverlos en la forma y plazos acordados con los aportantes.

Este mecanismo se encuentra establecido en los artículos 14° y siguientes del DFL MOP Nº 70/88, cuerpo jurídico de orden público, respecto del cual a la Superintendencia de Servicios Sanitarios le corresponde velar por su cumplimiento por parte de los concesionarios, como así también le compete su interpretación.

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